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Cuando se constituye una sociedad mercantil, existe la idea de que las deudas y responsabilidades de la empresa afectan únicamente a su patrimonio. En términos generales, este principio es correcto, ya que las sociedades responden frente a terceros con sus propios bienes. Sin embargo, esta separación entre el patrimonio de la empresa y el del administrador no es absoluta.
La Ley de Sociedades de Capital establece que quienes administran una sociedad deben actuar con diligencia, lealtad y en interés de la empresa. Cuando estos deberes se incumplen y se produce un perjuicio, el administrador puede llegar a responder con su patrimonio personal.
Conocer en qué situaciones puede producirse esta responsabilidad resulta fundamental para quienes ocupan cargos de administración o dirección. Por ello, desde Hiscox analizamos los principales supuestos en los que la ley permite exigir responsabilidad personal al administrador y qué medidas pueden ayudar a proteger su patrimonio.
Los 4 supuestos legales donde se exige responsabilidad personal al Administrador
1. Negligencia o incumplimiento del deber de diligencia
La Ley de Sociedades de Capital exige que los administradores desempeñen su cargo con la diligencia propia de un empresario y con la lealtad de un representante fiel. Esto implica actuar de forma informada, adoptar decisiones razonables y velar por el interés de la sociedad.
Cuando un administrador incumple estos deberes por acción u omisión y ese comportamiento provoca un daño a la empresa, a los socios o a terceros, puede surgir una reclamación de responsabilidad.
No se trata de responder por cualquier decisión empresarial que no obtenga el resultado esperado, sino por aquellas que, por falta de diligencia, actuación negligente o incumplimiento de las obligaciones legales, han provocado consecuencias negativas para la empresa, sus socios o terceros.
2. Deudas sociales por no disolver la empresa a tiempo
Uno de los supuestos más conocidos se encuentra en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuando una sociedad incurre en una causa legal de disolución, el administrador tiene la obligación de promover la convocatoria de la junta general para adoptar las medidas correspondientes o solicitar la disolución judicial o el concurso cuando proceda.
Si incumple esta obligación y la empresa continúa operando, puede llegar a responder personalmente de determinadas deudas sociales contraídas con posterioridad a la aparición de la causa de disolución.
Por este motivo, resulta fundamental que los administradores supervisen de forma periódica la situación económica de la sociedad y actúen con rapidez cuando concurran las circunstancias previstas por la ley.
3. Derivación de responsabilidad con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social
Las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social corresponden, en primer lugar, a la empresa. Sin embargo, en determinados casos previstos por la normativa tributaria y de recaudación, la Administración puede derivar la responsabilidad al administrador.
Este supuesto puede darse, por ejemplo, cuando se acredita que el administrador ha actuado con dolo o negligencia grave, ha colaborado en el incumplimiento de las obligaciones tributarias o ha impedido el cobro de las deudas por parte de la Administración.
Cada procedimiento requiere un análisis específico y la responsabilidad no se produce de forma automática, pero supone uno de los riesgos legales más relevantes para quienes ejercen funciones de administración.
4. Reclamaciones en materia laboral y seguridad en el trabajo
El cumplimiento de la normativa laboral y de prevención de riesgos también forma parte de las responsabilidades de la empresa y de sus órganos de administración.
Cuando se producen incumplimientos graves relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores o con determinadas obligaciones laborales, los administradores pueden enfrentarse a procedimientos administrativos, civiles o, en algunos casos, incluso penales, dependiendo de las circunstancias.
Además del impacto económico que puede generar una reclamación, este tipo de situaciones suele implicar importantes consecuencias reputacionales para la empresa y sus responsables.
Tabla Comparativa: Patrimonio Social de la empresa vs. Patrimonio Personal del administrador
| Tipo de incidente | ¿Responde la empresa? | ¿Responde el administrador con su patrimonio? |
|---|---|---|
| Pérdida de un cliente o caída de facturación | Sí (riesgo empresarial) | No (salvo negligencia en la gestión comprobada) |
| Impago de impuestos / Retenciones de IRPF | Sí | Sí (por expediente de derivación de la AEAT) |
| Cierre de empresa sin solicitar concurso en plazo | Sí | Sí (responde de las deudas sociales contraídas posteriormente) |
| Accidente laboral grave por falta de medidas PRL | Sí | Sí (posible responsabilidad civil e incluso penal) |
| Demanda de un socio por mala gestión | No directamente | Sí (a través de la acción individual de responsabilidad) |
¿Quiénes se consideran "Administradores" a efectos de responsabilidad legal?
La responsabilidad prevista en la Ley de Sociedades de Capital no afecta únicamente a la persona que figura formalmente como administrador único.
También puede alcanzar a quienes forman parte del consejo de administración, administradores solidarios o mancomunados y, en ocasiones, a quienes ejercen funciones propias de administración sin haber sido nombrados formalmente (administradores de hecho).
La responsabilidad puede recaer sobre una o varias personas, por lo que es fundamental conocer el alcance de las funciones asumidas y las obligaciones vinculadas a cada cargo.
¿Cómo blindar el patrimonio personal del Administrador de la empresa?
Aunque no es posible eliminar por completo el riesgo de reclamaciones, existen medidas que ayudan a reducir la exposición personal del administrador. Entre las principales se encuentran:
- Documentar las decisiones de los órganos de administración: Dejar constancia de las decisiones adoptadas, de la información analizada y de los motivos que justifican cada actuación permite demostrar que la gestión se ha realizado siguiendo criterios razonables.
- Revisar periódicamente la situación financiera de la empresa: Permite detectar posibles causas de disolución, garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y mercantiles y contar con asesoramiento especializado cuando surjan situaciones complejas.
- Disponer de protocolos internos de cumplimiento normativo y de una adecuada gestión documental: Facilita demostrar que las decisiones se adoptaron siguiendo criterios razonables y con la diligencia exigible.
Aun así, ninguna organización está completamente libre de reclamaciones. Incluso cuando el administrador ha actuado correctamente, puede verse obligado a defenderse frente a demandas de socios, empleados, clientes, proveedores o administraciones públicas.
Seguro D&O: Protección integral para administradores y directivos
Ante este escenario, el Seguro D&O constituye una de las principales herramientas de protección para administradores y directivos.
Esta póliza está diseñada para proteger tanto a los directivos como a la propia entidad frente a determinados prejuicios ocasionados por actos u omisiones negligentes en la gestión empresarial.
Entre sus principales coberturas del destacan:
- Gastos de defensa jurídica.
- Gastos de gestión de crisis reputacional.
- Indemnizaciones derivadas de reclamaciones.
- Cobertura para la constitución de determinadas fianzas.
- Multas y sanciones administrativas.
En Hiscox ofrecemos soluciones D&O adaptadas a las necesidades de administradores y directivos de empresas de distintos tamaños y sectores.
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