• Perjuicios económicos: La interrupción total o parcial de los sistemas informáticos puede tener un impacto devastador en el negocio e incluso llegar a paralizarlo. 
• Reclamaciones de terceros vinculados a temas informáticos suponen costes cada vez más altos. Según el Ponemon Institute un ataque informático le cuesta a las pymes desde los 33.000€ al medio millón de euros en una gran empresa.
• El impacto en la reputación de una empresa víctima de un ciberataque puede ser incalculable.
• El crimen cibernético es el que a más velocidad crece a nivel mundial y las pymes están en su punto de mira.
• Nueva regulación: Desde el 25 de mayo de 2018, está en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) el cual establece que cualquier “destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados” debe ser comunicada al órgano regulador. Además, si el incidente es de alto riesgo, las compañías también deben comunicarlos a los afectados.

• Servicio de gestión de incidentes. Prestado por especialistas para asesorar, coordinar y gestionar la respuesta en caso de sufrir una vulneración de datos, fallo de seguridad o amenaza de extorsión.
• Pérdida de beneficios. En caso de interrupción del negocio como resultado de un ataque cibernético externo o interno.
• Recuperación de datos. En caso de pérdida o daño de datos, nuestros colaboradores te ayudarán a restaurar la información dañada y a recuperar tus sistemas para que trabajes con normalidad.
• Extorsión cibernética. Facilitamos los servicios necesarios para desbloquear y gestionar una amenaza de extorsión.
• Reclamaciones de terceros. Ya sea por la vulneración de sus datos, fallos de seguridad que afecten a un tercero o por una reclamación por daño moral en internet que se haya producido a raíz de ataques en nuestros canales digitales.

Para más información consulta nuestro folleto informativo.

La empresa tecnológica y el malware 

Un organismo público contactó con nuestro cliente para avisarle de que las fuerzas de seguridad del estado habían detectado una intrusión en sus sistemas. Nuestros forenses tecnológicos investigaron y analizaron hasta qué punto los datos se habían visto comprometidos. Se detectó un software malicioso en el servidor de nuestro cliente, por lo que se puso en marcha un plan de contingencia para eliminarlo. Nuestro cliente también recibió asistencia legal y fue asesorado por un experto para estudiar cómo comunicar el incidente a sus clientes.

Secuestro a una cadena de ópticas

Un empleado que trabaja en una cadena de ópticas recibió un correo alegando que le habían cazado excediendo el límite de velocidad. El empleado hizo clic en un enlace para ver la supuesta foto de la infracción. Al poco tiempo, recibe un correo explicando que su sistema había sido infectado con un virus que encriptaba todos los archivos del servidor de todas las clínicas. Los datos intervenidos contenían información de pacientes y el software necesario para el funcionamiento del negocio.

Los delincuentes solicitaban más de 3.000€ en Bitcoins para liberar sus datos. Nuestros asesores se involucraron en las negociaciones. Tras el ataque, sólo se pudo recuperar el 90% de los archivos y el cliente tuvo que contratar una empresa informática externa para recuperar el restante. Hiscox asumió los costes por interrupción del negocio ya que estuvieron varios días sin poder dar servicio a sus clientes.

Las contraseñas robadas

Nuestro cliente, una empresa editorial, fue notificada por un especialista en seguridad informática que los nombres de usuario y las contraseñas de sus clientes habían sido interceptadas. Llamamos a nuestro servicio forense de tecnología para que investigaran. Estos confirmaron que habían sufrido un ataque y se pusieron a reparar los daños de seguridad. Nuestro cliente también recibió asesoramiento legal para ver cómo contactar y explicar a los usuarios afectados que sus datos se habían visto comprometidos. Además se activó el servicio de monitorización para evitar posibles usos fraudulentos de la información usurpada.